Thursday, November 28, 2013

Venezuela / El cangrejo electoral

Nicolás Maduro con máscara de Chávez

El cangrejo electoral en Venezuela

Vienen nuevas elecciones municipales en Venezuela. Los resultados serán, como lo son siempre, los que al chavismo le venga en gana


Corría el año 2005. La sociedad venezolana estaba aún recuperándose del trauma del paro, luego del golpe, y finalmente el referendo revocatorio del 2004, la jugada maestra de Hugo Chávez. El caudillo, atornillado en la presidencia y con el poder casi absoluto en sus manos, se aprestaba a dar el siguiente asalto electoral: tomar el control de la Asamblea Nacional. Ya Carter y Gaviria se habían marchado. La “mediación” -entre chavismo y oposición- de la OEA y el Centro Carter reducida a un estatus de pasajeros en procesos que demostraron -con meridiana claridad- su incapacidad de hacer entender -sobre todo al régimen- la importancia de respetar las leyes electorales. Así las cosas, el 23 de noviembre de ese año ocurrió un hecho poco recogido por los medios internacionales: en una auditoría organizada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en Fila de Mariches, en presencia de observadores de la OEA y de la Union Europea, un técnico traído por la oposición llamado Leopoldo González conectó su portátil a una de las máquinas de Smartmatic después de una votación ficticia y comenzó a anunciar, en voz alta, “Sr W: Usted voto azul; Sr X: Usted azul, Sr Y: Usted voto rojo; Sr X: Usted...”
Contó un testigo presencial que, cuando estaba el hombre a punto de anunciar cómo había votado el cuarto participante, Jorge Rodríguez - por aquellos tiempos director del presuntamente imparcial CNE - mandó a parar todo e informó abruptamente a observadores internacionales, prensa, representantes de partidos políticos y demás presentes que la auditoría había concluido. Lo revelado no era poca cosa: el secreto del voto estaba comprometido en Venezuela. Lo acababa de demostrar un experto en computación. Eso llevó a los partidos políticos venezolanos a cometer lo que muchos expertos -a posteriori- han considerado desde entonces un suicidio político: abandonar el juego y retirarse en masa de la contienda electoral. El resultado era de esperar: una asamblea roja, rojita, totalmente controlada por Chávez, obtenida con el voto de menos del 15% del electorado. Algo habrán de escribir los historiadores al respecto. Un golpe magistral, sin duda.

Ese mismo año, meses antes de que el CNE cometiese la torpeza de permitir a un técnico independiente hurgar las entrañas de las maquinitas de lotería de Smartmatic convertidas en el “mejor sistema electoral del mundo”, sucedió otro evento de similar importancia. El CNE contrató al Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL) para hacer una auditoría del Registro Electoral Permanente (REP), cuyos números eran sospechosos, según la oposición, de haber sido inflados con votantes como Arturo Cubillas y Rodrigo Granda. Poco se supo de la metodología utilizada por CAPEL, aun cuando se esperaba que el método “de registro al campo, y del campo al registro” (mediante el cual las direcciones e identidades de un número representativo de electores inscritos en el REP serían revisadas y corroboradas) fuese utilizado. El CAPEL escogió de forma aleatoria unos 12.000 registros del REP y pidió la data correspondiente al CNE, el cual nunca la entregó. Cables de la Embajada de los EEUU en Caracas publicados por Wikileaks dan cuenta de que el mismo encargado de CAPEL, Ricardo Valverde, admitía en privado que el REP estaba demasiado viciado, es decir, no servía para ser utilizado en elecciones.
Venezuela arrastra esos dos muertos desde el 2005, aparte de aquél del referendo revocatorio de 2004, cuando a ningún observador se le permitió la entrada a la sala de totalización del CNE. Por mucho que chavismo y oposición - más chavismo que oposición - griten a los cuatro vientos que el país tiene el mejor sistema electoral del mundo, la realidad es irrefutable: ni las maquinas de Smartmatic ni el REP han sido debidamente auditados desde, al menos, 2005. Y, cuando se auditaron, los resultados expusieron la poca fiabilidad del sistema. El informe de los observadores de la misma Union Europea afirmó que el código fuente de las máquinas era propiedad del CNE y que, por “razones comerciales”, no estaba disponible a escrutinio público. Y, por ello, ninguna auditoría independiente había sido realizada a ninguna de las partes del sistema electrónico de votación. Más claro imposible.
Desde aquel entonces, a la oposición no se le permite auditar ni el sistema ni el REP, ni se le permite designar expertos independientes que realicen dicha tarea. La oposición no tiene ni voz ni voto a la hora de imponer métodos de auditoría. Las auditorías que lleva a cabo el CNE son a puerta cerrada. En un país donde es prácticamente imposible mantener algo en secreto, nadie ha visto, ni ha escuchado, ni ha presenciado las auditorías que algunos líderes de la MUD irresponsablemente afirman que han sucedido. Los medios no son bienvenidos, los observadores internacionales tampoco y los representantes de la sociedad civil, ni hablar. ¿Cómo puede llamársele a eso “el mejor sistema electoral del mundo”? ¿Cómo puede explicarse que en algunas parroquias el chavismo obtiene -tradicionalmente- el 99% de los votos? ¿Cómo puede reconciliarse la llamada al voto con la denuncia de fraude y un renovado llamado al voto, como ha hecho Henrique Capriles en menos de un año? ¿Es fiable el sistema o no? ¿Es fraudulento o no?
Curiosamente, las denuncias de fraude y/o irregularidades han aparecido en todos los procesos electorales -desde Bolivia pasando por los EEUU hasta Filipinas- en los que ha participado Smartmatic, la empresa de maletín que salió de la nada a garantizarle la estadía en el poder a Chávez. Por otro lado, donde aún se vota manualmente en Venezuela, como las universidades, el chavismo no ha logrado replicar en 15 años ni una de sus “victorias electorales”.
Este cangrejo tiene varias explicaciones. La primera: una oposición comprometida solamente con preservar espacios y con ningún poder político real difícilmente puede obligar a un régimen que lo controla todo a aceptar condiciones electorales, muy a pesar de lo que diga la ley. La segunda: una oposición cuyos líderes subsisten de las dádivas de empresarios conocidos como “banqueros de Chávez” difícilmente va a alterar el status quo. La tercera: una oposición dispuesta a mentirle al electorado, con toda desfachatez, sobre asuntos tan relevantes como la transparencia y la fiabilidad del sistema electoral y sus resultados, mal puede representar el deseo de millones de venezolanos que desean fervientemente ver el fin de la “robolución” chavista. Y la cuarta: una oposición incapaz de movilizar a sus seguidores para el resguardo y salvaguarda de los votos a nivel nacional, nunca logrará el poder político para imponer condiciones (de vuelta al primer punto).
Vienen nuevas elecciones municipales en Venezuela, que se celebrarán el 8 de diciembre. Los resultados serán, como lo son siempre, los que al chavismo le venga en gana. Tirarán un mendrugo por aquí y otro por allá. Se darán el lujo de “conceder” una docena de alcaldías y algo más de concejales pero que nadie se engañe: lo que hay en Venezuela es un cangrejo electoral. Por mucha contorsión argumentativa del líder de la oposición - que si hay fraude hoy, que si no lo hay mañana- nadie puede negar la absoluta parcialidad del árbitro electoral. Nadie puede objetar la falta de auditorías serias, independientes, como las que se llevan a cabo en democracia. Nadie puede desmentir el más grosero y evidente abuso de cuanto recurso del Estado haga falta para favorecer al partido de Gobierno. Y en esas condiciones, votarán los venezolanos otra vez, y quién sabe cuantas más.
Alek Boyd es periodista

Venezuela / Control de divisas de los viajeros al exterior

Venezuela aumenta el control de divisas de los viajeros al exterior

El Gobierno de Maduro busca limitar al máximo el turismo cambiario, que encarece los billetes

     

Mostrador para facturar en el aeropuerto de La Guaira. / MIGUEL GUTIÉRREZ (EFE)
Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 cambiaron para siempre la manera de volar en avión. En Venezuela el llamado cepo cambiario está agregando otras molestias a los tortuosos rituales que hay que cumplir antes de abordar un vuelo internacional. Mientras se implementa en los aeropuertos locales un novedoso sistema de identificación biométrica que autorizará el uso de las tarjetas de crédito venezolanas en el exterior, fiscales de la estatal Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) están interrogando al azar a los viajeros nacionales para comprobar la correcta utilización de las divisas aprobadas por el ente y cerciorarse de que no lleven en su billetera tarjetas de créditos a nombre de otras personas.
Si eso sucede el funcionario sospechará que el pasajero estará “raspando el cupo” aprobado a un tercero. En la jerga local el “raspacupo” es quien entrega a otro su tarjeta de crédito para aprovechar el subsidio que otorga el Estado como un haber en su línea de crédito. Aunque su aprobación nunca está garantizada, la clase media local –consumistas entusiastas de las outlets de Miami desde siempre- e incluso los estratos menos favorecidos -quienes nunca conocieron ese modo de vida en virtud de su situación económica- advirtieron el gran negocio que significaba viajar, o simular que se viajaba, para usar la tarjeta en sitios prestablecidos y luego obtener las divisas y las facturas que justifican el gasto. La brecha entre la tasa oficial -6,3 bolívares por dolar- y la del mercado negro -alrededor de 45 bolívares- representa una ganancia rápida para el tenedor de dólares a su vuelta al país.
Con esta medida el gobierno busca limitar al máximo el turismo cambiario, cuyo apogeo, unido a la escasa oferta de frecuencias hacia los destinos internacionales más demandados, ha liquidado la posibilidad de viajar por una emergencia y ha encarecido el costo de los billetes. Un ejemplo: para viajar en febrero a Madrid un pasaje aéreo en clase económica desde Bogotá cuesta 2.568 dólares. Desde Caracas vale 5.161 dólares (32.514 al cambio oficial de 6,3). El aumento indiscriminado tiene al menos dos explicaciones: la gigantesca deuda que mantiene Cadivi con las aerolíneas, que venden los pasajes al precio controlado y el Estado no le entrega los dólares, y la enorme demanda de viajeros venezolanos y extranjeros, quienes hacían una escala en Caracas, cambiaban sus dólares en el mercado negro y compraban el boleto hacia su destino final a un precio muy atractivo. Esta semana el Indepabis, el órgano que protege los derechos de los consumidores, agregó una tercera explicación: las aerolíneas no están vendiendo las tarifas más baratas de la clase económica.
El Gobierno ha prometido tomar medidas para solucionar esta situación, pero en ningún caso está dispuesto a levantar el rígido control de divisas, la raíz de las distorsiones de la economía. Ha iniciado, sí, una sistemática campaña a través del canal del Estado Venezolana de Televisión contra los “raspacupos” para posicionarlos ante la opinión pública como los responsables mayores del desfalco a la Nación. El domingo, VTV dedicó uno de sus principales programas de opinión para tratar el tema. El conductor y su invitado, el encuestador Oscar Schemel, aseguraban que ese afán de viajar para obtener dólares en efectivo a cambio respondía al ADN cultural de los venezolanos, que están entrenados en el arte de capturar la renta petrolera en desmedro de la productividad y el esfuerzo.
Parece un poco injusto achacar la culpa al turismo cambiario a juzgar por los resultados que ha hecho público el propio Gobierno. Cifras oficiales indican que en 2012 se aprobaron a los viajeros 2.769 millones de dólares, mientras que a los importadores les entregaron 17.980 millones de la moneda estadounidense. Hasta ahora, salvo una nota de prensa publicada este miércoles en la que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció que el Sebín, la policía política, formó un equipo para revisar el uso de dólares asignados a las empresas, no hay un gran ofensiva del Gobierno para identificar quiénes son los responsables de defraudar al Estado simulando importaciones. “Estamos seguros de que todavía hay una lista de empresarios inescrupulosos que por razones económicas o políticas se dedican a hacer fraudes por esa vía”, comentó el ministro a la Agencia Venezolana de Noticias.
Una estimación hecha por la firma Ecoanalítica indica que en 2012 las importaciones públicas y privadas llegaron a 56.300 millones de dólares. De esa cantidad, 15.400 millones de dólares (27,4%) fueron compras externas simuladas, la mayoría en el sector público. La amoralidad ya es un comportamiento generalizado. Empresarios y particulares quieren aprovechar las distorsiones de la economía para enriquecerse con el mínimo esfuerzo y al margen de lo que dicta la ley. Unos y otro son capaces de asumir el riesgo debido a la limitada capacidad que tiene el Estado para sancionarlos. Son muchos y al mismo tiempo haciendo operaciones difíciles de identificar como un delito. Toda esta situación le ha permitido al Gobierno plantear nuevamente su tema favorito: la refundación moral del venezolano, una suerte de hombre nuevo. Los hechos lo ayudan. El gobierno recientemente anunció que seis deportistas vinculados a los deportes a motor habían falsificado la firma de la ministra de Deporte, Alejandra Benítez, para obtener divisas preferenciales.
El presidente Nicolás Maduro ha calificado ese afán por los dólars baratos como si fuera una enfermedad. La llama cadivismo. A principios de octubre, en una alocución desde una guarnición militar, el jefe del Estado se quejaba del magro resultado que han dado sus reuniones con el sector privado debido al poco riesgo que éstos están dispuestos a asumir. “Cadivi, Cadivi, ellos solo quieren Cadivi. Eso es cadivismo, están enfermos con ese mal”, decía entonces el mandatario. El jefe del Estado volvió a acuñar el término al comparecer ante la Asamblea Nacional para solicitar poderes legislativos. “Una colección de dificultades que bien podríamos bautizar con el nombre de cadivismo, como una de las expresiones más vulgares de la existencia de la burguesía parasitaria en la historia de la Venezuela, de los últimos 100 años”. Lo que ocurre en realidad puede ser descrito haciendo un símil con las criaturas mitológicas. Como Saturno, la revolución bolivariana se ha terminado de devorar a su propia creación.

Venezuela / Turismo para conseguir dólares


Turismo para conseguir dólares

Los venezolanos abarrotan los vuelos para salir del país y obtener 'billetes verdes' que luego revenden a precios desorbitados en un mercado sediento de divisas


"Nos encontramos muy contentos y orgullosos de los resultados que se obtuvieron en este periodo de vacaciones", declaró hace una semana Luis Graterol, director del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve de puerta de Caracas. El funcionario tenía un anuncio que hacer: por la terminal aérea se habían movilizado un 7% más de pasajeros que el verano anterior. Pero tal vez se apresuró en atribuir ese éxito a un motivo postizo: "Esto dice mucho de las políticas en materia turística que viene desarrollando el Gobierno revolucionario y del verdadero poder adquisitivo de los venezolanos".
El origen del boom tiene otro propósito y no es precisamente turístico. Se lo ha bautizado a media voz con el nombre de "raspar la tarjeta". La clase media venezolana, compuesta por viajeros empedernidos y grandes consumidores gracias a la prodigalidad de los ingresos petroleros —ya en los años setenta se ganaron el mote de los "tabarato" en Miami, por sus compras desenfrenadas—, han encontrado la manera de hacer del viaje un negocio en sí mismo —lo que no es igual a un viaje de negocios—, en el marco del régimen cambiario impuesto hace un decenio por el Gobierno chavista y las distorsiones que genera.

El control de cambios vigente desde 2003 reserva al Estado la asignación de cupos anuales de divisas a particulares, que pueden obtenerlas a cambio de bolívares (la moneda local) para ocasiones como estudios en el exterior, remesas a familiares dependientes, o viajes. Ese cupo se otorga como dinero en efectivo o un haber en la cuenta de tarjetas de crédito, autorizado con anterioridad por una oficina gubernamental. El trámite es engorroso y su aprobación nunca está garantizada. Pero algunos avivados se dieron cuenta de que su potencial de negocio hacía que la pena valiera.
Como el diferencial entre la tasa de cambio oficial —hoy de 6,3 bolívares por dólar— y la que rige en el inevitable mercado negro —ahora en torno a los 43 bolívares por dólar— es tan amplia, resultaba rentable viajar por pocos días o, incluso, por horas a destinos internacionales cercanos, como Bogotá, Panamá o las vecinas islas de Aruba o Curaçao, retirar allí en efectivo los dólares asignados a gastos de tarjetas de crédito, y revender las divisas con un gran margen de ganancia, ya de vuelta en Venezuela. De hecho, el viaje salía gratis.
Esas prácticas movieron al Gobierno en 2009 a emitir una providencia por la que establecía cupos diferenciales de acuerdo al destino y duración del viaje: estadías en los lugares más cercanos a Venezuela obtendrían montos menores. Para evitar simulaciones de viaje, los beneficiarios debían mostrar con posterioridad los soportes de los gastos incurridos.
Pero como el agua, el ardid siempre encuentra su cauce. Destinos intermedios como Lima y Quito se han convertido en los más demandados por los viajeros. Un pasaje a Perú ha visto aumentar su precio siete veces este año. Un pasaje a Bogotá, punto de conexión regional que se alcanza en un vuelo de hora y media de duración desde la capital venezolana, cuesta el equivalente a 2.700 dólares. Todavía así, no hay billetes disponibles hasta comienzos de 2014, no sólo para esas rutas, sino hacia destinos más tradicionales como Miami, Buenos Aires o Madrid.
Muchas de las compras en rutas aéreas se hacen efectivas para que los viajeros, sin embargo, no vuelen. De un grupo de cuatro o cinco pasajeros, sólo uno aborda el vuelo; los otros cancelan. El viajero porta las tarjetas de crédito autorizadas de los demás, que usa en lugares prestablecidos de su destino internacional donde, a cambio de una comisión, le entregan las divisas y las facturas que justifican los gastos.
Con tal estratagema, venezolanos comunes y corrientes se aseguran ingresos varias veces superiores a sus entradas regulares. Un espíritu de tahúr invade a la gente que arriba, por las oportunidades que ofrece un sistema de restricciones, al mundo de la especulación cambiaria. "Para nosotros es un momento estelar del negocio", admite a este diario una agente de viajes que pide se mantenga su nombre en reserva.
El presidente Nicolás Maduro ha anunciado para los próximos días medidas drásticas "para estabilizar la economía". Una de sus prioridades es la de atajar la cotización de las monedas extranjeras en el mercado negro, que, según el propio Ejecutivo Nacional, es uno de los responsables del agudo aumento de los precios en el país. Se anticipa que en el paquete vendrá una reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios —un texto de carácter penal, promulgado en 2005, que intenta desalentar a los ciudadanos de que participen en transacciones con divisas— para imponer contramedidas ante esas prácticas que burlan el sistema. Sin embargo, cabe vaticinar que el incentivo para encontrar otras brechas en el control cambiario seguirá funcionando: la posibilidad de un enriquecimiento fácil y rápido.


Venezuela / El Gobierno manda milicias a los supermercados

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Cola para comprar alimentos en una tienda en el centro de Caracas. / MERIDITH KOHUT (BLOOMBERG)

El Gobierno venezolano manda milicias a los supermercados

Maduro acusa a los empresarios de tener pocos cajeros para crear colas y malestar

El Gobierno interviene los puertos para agilizar el abastecimiento


El chavismo se ha internado en su propio laberinto y aún no encuentra el hilo de Ariadna para salir de este. El Gobierno es consciente del desabastecimiento de productos básicos y ha preferido decirle a sus electores que está haciendo frente —y derrotando— a "una guerra económica de la burguesía" tras evaluar cómo trabajaban los supermercados de capital privado. La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro denunció que estos eran parte de un plan que pretendía en última instancia generar un estallido social. Denunciaba el presidente que la gerencia ordenaba no colocar los productos en los anaqueles y causaba largas filas de clientes frente a las cajas registradoras al no destinar personal para operarlas. Era la manera, dijo, de dar la sensación de un mayor desabastecimiento, a pesar de que el Banco Central de Venezuela reportó esta semana que para 17 alimentos básicos las provisiones eran un 40% inferior al nivel adecuado para satisfacer la demanda.




Mujer en un supermercado en Caracas

En realidad las largas filas que a veces salen de los locales son consecuencia de la aprobación de la nueva Ley del Trabajo, la última gran transformación legada por Chávez antes de su desaparición, que obliga al patrono a garantizar dos días de descanso continuo al personal y un máximo de 40 horas laborales a la semana. Una ley que nació con la idea de que los privados contrataran más personal terminó siendo un bumerán para el Gobierno en su intento de bajar el índice de desempleo y subempleo.
Los empresarios en cambio ajustaron sus estructuras de costos a la nueva realidad —algunos decidieron cerrar el fin de semana, otros establecieron nuevos horarios para respetar las disposiciones— y los consumidores son quienes pagan las consecuencias. En un muy sintonizado programa en la radio local un oyente contaba al presentador del espacio, el periodista César Miguel Rondón, que el gobierno había convertido los sábados en domingos y éstos en 1 de enero.
Para paliar esa situación Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior de la Economía, anunció que incorporará a la milicia bolivariana —grupos de civiles encuadrados por el Gobierno susceptibles de estar armados— a las cajas registradoras. Antes de que esa presencia se concrete el Gobierno deberá coordinar con los supermercados la preparación de los milicianos para que puedan conocer los códigos de los productos y la metodología de trabajo. Al mismo tiempo, el vicepresidente Arreaza prometió agilizar el despacho en los puertos creando nuevos turnos el fin de semana para descargar la mercancía que pasa semanas sin poder atracar en los muelles. Maduro dice tener el dinero necesario para garantizar el abastecimiento pleno. Pesa y mucho el recuerdo de lo que ocurrió hace once años, cuando el paro de la industria petrolera y de parte del empresariado hizo que los venezolanos vivieran una precaria Navidad.
Por ello, apenas bajó del avión que lo trajo desde China, donde cumplió una visita oficial de cuatro días, el presidente Maduro decidió aceptar una propuesta del gabinete económico y el Órgano Superior de la Economía para atacar el repunte de la escasez. Con un aparato productivo nacional arruinado debido al modelo impulsado por el Gobierno, las masivas importaciones de productos para la época de fin de año —Venezuela trae desde el exterior el 96% de lo que consume— corren por estos días el riesgo de quedarse varadas en los puertos debido a una serie de trabas burocráticas que impiden sacarla a tiempo de los contenedores y a una muy interesada interpretación de la Ley del Trabajo por parte de los empleadores que ha reducido el horario de trabajo.
El Gobierno ha pretendido impulsar la producción nacional en medio de un severo control de cambios que lleva más de una década vigente, pero al empresariado le es más rentable importar debido al tipo de cambio sobrevaluado (6,30 bolívares por un dólar estadounidense). Para evitar esa vieja práctica y continuar con su plan desde 2007, cuando el presidente Hugo Chávez anunció el viraje hacia el socialismo —que se concretó en la nacionalización de empresas productivas y la masiva expropiación de tierras—, el Estado exige a los empresarios una serie de trámites que ralentizan e impiden en muchos casos la importación expedita de productos terminados o materias primas para fabricarlos en el país. Antes de tramitar las divisas a precios preferenciales ante Cadivi, el órgano regulador, el importador debe presentar un Certificado de No Producción Nacional y solvencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y del Ministerio del Trabajo.
El resultado de ese pulso ha sido un generalizado desabastecimiento que se ha profundizado tras la muerte del presidente Chávez. Hasta este miércoles el mismo Gobierno impedía cualquier solución al problema de la escasez de productos, pero el vicepresidente Jorge Arreaza anunció que se agilizarán los trámites para importar en el menor tiempo posible alimentos básicos y otros productos necesarios para abastecer, por ejemplo, el mercado de repuestos de vehículos.

Tuesday, November 26, 2013

Maduro, en su trampa

Maduro, en su trampa

El modelo económico heredado del chavismo 

impulsa a Venezuela a una situación insostenible


Que un país, Venezuela, con 90.000 millones de dólares de ingresos anuales por su petróleo sufra escasez alarmante de productos básicos es todo un logro. De esa situación, herencia de casi 15 años de doctrina chavista, forman parte una inflación cercana al 45% y un mercado negro en el que el dólar se paga a siete veces su cambio oficial. Fieles a una acrisolada visión conspirativa, el presidente Nicolás Maduro y sus acólitos achacan el desbarajuste a un complot teledirigido desde Washington y apoyado por el “fascismo” local (oposición y empresariado afín). Desde abril, el heredero de Chávez ha denunciado variados sabotajes económicos e industriales, guerra psicológica y hasta un plan para envenenarlo.
Maduro afronta en poco más de dos meses unas elecciones municipales vistas como un plebiscito sobre su corta gestión. Sitiado por una realidad desbocada, recurre no solo a medidas de choque, como la masiva importación de alimentos de Colombia. Idea también mecanismos imposibles, como la creación de un comisariado contra el desabastecimiento, que vigilará la producción interna, las importaciones, el transporte y la comercialización de productos, y cuyos funcionarios estarán ayudados por las denuncias telefónicas a una línea con la sugerente denominación de 0800-Sabotaje. Para evitar las colas en los supermercados, fruto en parte de la escasez de personal propiciada por nuevas medidas laborales, planea enviar a la milicia bolivariana a hacer de cajeros.
El problema de Maduro, que acaba de regresar de China con un crédito de 5.000 millones de dólares, es la cuadratura del círculo. La economía venezolana, un modelo estatista y doctrinario fracasado con Chávez, es insostenible. Pero introducir racionalidad en ese legado, si esa fuera su improbable intención, le marcaría como traidor al mito, del que se considera eterno discípulo, y abriría a la vez el cisma entre facciones chavistas.





Venezuela / Llegó la harina. Vente.

“Llegó la harina. ¡Vente!”

Venezuela se aferra a un modelo económico que mantiene al país desabastecido de alimentos básicos

El Gobierno importará 400.000 toneladas hasta fin de año


El jueves pasado llegó la harina de maíz precocida al supermercado más grande del barrio Santa Cruz, al sureste de Caracas (Venezuela), donde las casas se amontonan sobre suelos inestables. Al pie de esa colina hay talleres mecánicos, ferreterías, una parada de autobuses y contenedores rebosantes de basura. Los habitantes se enteraron de la llegada de la harina sin necesidad de mirarse o hablarse. Es una práctica extendida entre los consumidores venezolanos: solo tienen que observar las bolsas que cargan los vecinos que vienen del supermercado para saber si están disponibles o no los productos que escasean.
Desde hace varios meses no se consiguen con facilidad la harina de maíz precocida en su presentación de un kilo —la base para cocinar las arepas, el plato típico venezolano—, el aceite, la leche en polvo y líquida, el azúcar, la mantequilla o el pollo. Hay que recorrer varios supermercados o comprarlos a los vendedores informales. Al desabastecimiento se suma la escasez. Ahora el promedio de escasez es del 20%, un porcentaje que no se había alcanzado en los cuatro años anteriores según los informes del Banco Central de Venezuela (BCV). Y desde 2005 el marcador no ha bajado del 10%, lo que indica que en Venezuela la escasez es ya crónica, de acuerdo con el economista Ángel Alayón. “Lo normal es 5%”, explica. En septiembre el índice trepó a 21,2% el segundo más alto del año.
Venezuela ha llegado a esta situación por una combinación de varios factores: un control de precios de productos esenciales vigente desde hace una década que solo es revisado por el Gobierno cuando estos no aparecen en los anaqueles; la sobrevaluación del tipo de cambio que fomenta las importaciones en desmedro de la producción local y el contrabando de extracción. Los productos venezolanos cruzan la frontera con Colombia pese a los esfuerzos que hace el Gobierno por evitarlo.
Rosa Delgado, una vecina de Santa Cruz que la tarde del jueves se acercó al supermercado, llevaba dos meses sin conseguir Harina Pan, la presentación producida por el gigante alimentario Alimentos Polar, la marca de su preferencia en harina precocida. Cuando vio a unos vecinos del barrio con el producto le pidió a su hijo Yonaiker Pico que la acompañara. Los bultos de harina estaban dispuestos de cualquier forma en el pasillo del fondo del supermercado sobre una paleta de madera. Yonaiker abrazó 12 paquetes. Como entre los dos no podían llevarse todos los paquetes, Yonaiker le escribió un mensaje de texto a su hermana. “Llegó la Harina Pan. Vente”.
Una hora después la clientela casi había acabado con todas las reservas. Apenas quedaban algunos bultos que la gente despedazaba con la desesperación del hambriento. Los empleados del supermercado miraban el espectáculo con cierta indiferencia aunque trataban de identificar si sobraba algún paquete para guardarlo. Eran las sobras, sí, pero en una situación de persistente desabastecimiento trabajar en un sitio donde venden comida es un privilegio. Una de las supervisoras de pronto dijo en voz alta: “Los empleados pueden pasar por la caja número ocho con su carnet para pagar su compra”.
Elba, una de las empleadas del supermercado que retiraba los retazos de los bultos, apartó entonces un empaque aplastado y siguió hurgando entre los restos que habían dejado los clientes a ver si conseguía algo más. Puede llevarse hasta cuatro unidades. Esa es otra de las regulaciones impuestas por los supermercados para evitar que una persona se lo lleve todo. Pero la gente encuentra la forma de saltarse esa regla. “¿Ves aquel muchacho que está allá?", le dice la cajera a una mujer que se dispone a pagar. “Él ha entrado varias veces a comprar Harina Pan. Yo no puedo hacer nada porque a mí me pagan por facturar la compra”. Lo más probable es que aquel hombre luego revendiera el producto al triple o al cuádruple de su valor en las redes de la economía informal. O lo almacenara en su casa.
Esa desesperación del consumidor está reflejada en las cifras del Banco Central. El informe más actualizado asegura que de cada 100 establecimientos visitados por los técnicos en 71,4 no había harina de maíz precocida de ninguna marca. En 85,8 faltaba la leche entera en polvo, en 84,2 los aceites mezclados y en 85,3 el azúcar. El supermercado de Santa Cruz no tenía el jueves azúcar ni leche en polvo. Nadie tenía la certeza de cuándo podría llegar. Elba, la empleada del supermercado, dice: “Nosotros no podemos tener inventarios. Mercancía que llega, mercancía que sale hasta que se la llevan toda”. Las grandes cadenas temen que si tienen stock los acusen de acaparadores.
Este jueves el Gobierno anunció que los controles seguirían. El gabinete económico ha decidido afrontar la crisis apelando a las reservas estratégicas de alimentos e importando masivamente todo lo que falta. Entre noviembre y diciembre, según el ministro de Alimentación, Carlos Osorio, llegarán 400.000 de alimentos provenientes de Nicaragua, Argentina y Brasil.
El presidente, Nicolás Maduro, ha insistido en que su Gobierno es víctima de una “guerra económica” y que si los empresarios produjeran no habría desabastecimiento. Las empresas tienen en el diferencial cambiario una tentación muy grande. Es más rentable producir cantidades controladas con los dólares preferenciales que entrega el Gobierno y quedarse con una parte para revenderlos en el mercado negro. Las ganancias son del 500%.
Los clientes del supermercado que ya habían completado su cupo de harina revisaban al final de la tarde las existencias de papel higiénico, aceite y mantequilla. No parecía llamarles tanto la atención El papel solo se vendía por rollos y había llegado al país procedente de Colombia. La mantequilla, marca Mirasol, no era tomada en cuenta por los clientes, que estaban buscando Mavesa, una marca de Alimentos Polar que ya casi no se ve. Al final de la tarde, cuando la afluencia de clientes en el supermercado ya había bajado, Yonaiker seguía esperando a su hermana para poder llevarse los 12 paquetes de harina. Si ella no llegaba, Rosa y él solo se podrían llevar ocho. Parecían preocupados. Entonces otro cliente les dijo: “Señora, pague y vuelva a entrar otra vez”.




Maduro y la bandera del complot internacional

Nicolás Maduro
Maduro radicalizó su discurso hasta el punto de decir que su gobierno es 'de fuerza democrática'.

Ante la crisis, Maduro agita la bandera del complot internacional


El deterioro en servicios y el desabastecimiento aparecen ad portas de las elecciones municipales.


“¡Si se ponen cómicos los botamos a todos!”, dijo furioso el presidente venezolano Nicolás Maduro tras calificar de insolentes a los funcionarios de la embajada de Estados Unidos, a quienes expulsó del país esta semana luego de acusarlos de ayudar a la oposición para sabotear a su gobierno.
“Estamos bajo una guerra eléctrica, una guerra económica, una guerra psicológica”, asegura Maduro, pero en Venezuela cada vez menos creen que los males del país se cocinen en algún laboratorio del Pentágono.
Ya lo decía en septiembre una encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos (Ivad): 67 por ciento de los venezolanos cree que la situación del país no es buena y más de la mitad de los encuestados identifica al Gobierno como el responsable. Aun así, en las últimas cadenas de radio y TV el presidente Maduro arrecia sus denuncias contra el “imperio” y la “oligarquía” e insiste en estar bajo ataque, un plan de “colapso total” que busca sacarlo del poder. 
“Los tremendos problemas económicos y sociales que enfrenta el gobierno de Maduro, con el riesgo real de una hiperinflación y el tremendo deterioro de los servicios, entre otros, han golpeado la confianza política del oficialismo, que frente a esto no tiene explicaciones que entregar a sus seguidores ni al resto de los venezolanos”, explica el profesor de la Universidad Central, Luis Salamanca.
Y continúa: “Entonces crea una plataforma argumental basada en la teoría de la conspiración. Siempre son agentes externos, malévolos, los que provocan las situaciones. Maduro ha llevado esta explicación al extremo y asegura que todo es un saboteo externo, pero no es capaz de mostrar alguna prueba. La realidad es que el Gobierno fracasó después de 15 años de revolución y está recogiendo lo que sembró, un estado gigantesco incapaz de controlarse a sí mismo. Maduro está tratando de detener con esa retórica la erosión interna de apoyos”.
Y si a esto se suma la difusión de una supuesta grabación secreta de Chávez en la que dice que no está muerto sino secuestrado por sus propios aliados, todo lleva a un estado de crispación general entre los ‘revolucionarios’.
El esfuerzo discursivo del Gobierno es aún más intenso en vista de las próximas elecciones municipales del 8 de diciembre, cuando se elegirán 335 alcaldes, que arrojarán una nueva fotografía sobre cómo avanza el pulso político entre el chavismo y la oposición.
Recursos limitados
A diferencia de otras contiendas electorales, en esta oportunidad los recursos del Gobierno son limitados para aumentar el gasto público y mantener el sistema de becas, misiones y beneficios que le permiten su estrecha relación con el pueblo. Y con una inflación acumulada de casi 33 por ciento y que amenaza con superar el 45 por ciento este año, se hace cada vez más difícil mantener la promesa de calidad de vida que ofrece la ‘revolución’.
Sobre ese escenario arrecia la teoría de la conspiración puertas adentro. Para el Gobierno, los enemigos internos se multiplican y atacan varios frentes. Los empresarios, en materia económica; y en el resto, “la burguesía amarilla”, refiriéndose al partido opositor Primero Justicia y su principal representante, el gobernador Henrique Capriles.
La oposición advirtió esta semana que sobre él podría recaer una orden de captura, dado el tenso clima político. “En la misma medida en que los problemas económicos siguen tragándose al Gobierno, en esa misma medida este sigue recurriendo a potes de humo y a medidas políticas extremas, como sería el eventual apresamiento de Capriles para provocar a la oposición”, aseguró el dirigente opositor Henry Ramos Allup.
El afán de mantener la cohesión ha llevado al presidente Maduro a radicalizar su discurso hasta el punto de asegurar que el suyo es un “gobierno de fuerza democrática”, preparado para todo. La expulsión de los diplomáticos es la muestra en materia de política externa, pero de puertas para adentro se profundiza la militarización de buena parte de la vida del país –con la creación de entes como el Órgano Superior para la Defensa de la Economía o el Estado Mayor de Salud– y cierta cultura del espionaje. No en vano la implementación del número 0800-SABOTAJE para recibir “pistas” que daría el pueblo sobre posibles intentos de desestabilización de los servicios públicos.
“La sucesión (de Chávez) sabe que en cualquier momento la gente perderá la paciencia, pero desconoce cuándo y cómo se manifestaría el quiebre (...). El politburó necesita fabricarle al pueblo nuevas razones, pero carece de entidad, tiempo y recursos para pedirle ‘sangre, sudor y lágrimas’ ”, escribió en El Universal la articulista Argelia Ríos.
Gobierno busca más poder
El presidente Maduro anunció este viernes que el próximo martes pedirá en la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral) la aprobación de una ley habilitante, que le dé poderes especiales para legislar sin control parlamentario para luchar contra la corrupción.
“Yo me estoy preparando plenamente y estoy preparando los planes especiales, parte de ellos los voy a explicar el martes que viene en la AN. Voy a la AN a pedir poderes habilitantes para la lucha contra la corrupción y la guerra económica y les voy a ver el hueso a quienes sabotean”, indicó en un acto de gobierno.
El oficialismo necesita el voto favorable de 99 de los 165 diputados de la Cámara, uno más de los que en teoría tiene en sus filas.
La oposición cree que lo que busca el presidente Maduro es obtener facultades especiales para perseguir a sus adversarios políticos.
VALENTINA LARES MARTIZ
Corresponsal de EL TIEMPO
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